Tesis de pregrado - Ciencias Jurídicas

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El ejercicio de la competencia constitucional de protección integral a la niñez y adolescencia por el gobierno autónomo descentralizado provincial de Bolívar.
(Quevedo-Ecuador, 2018) Alucho Rochina, José Manuel; Campuzano Palma, Agustín Salvador
El presente trabajo de investigación titulado “El ejercicio de la competencia constitucional de protección integral a la niñez y adolescencia por el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de Bolívar” se desarrolló en cumplimiento de la norma constitucional, el ejercicio de los derechos individuales y los instrumentos internacionales de protección a los grupos de atención prioritaria. El objetivo es proponer una reforma que promueva y ejecute de obligatoriedad de los sistemas de protección y desarrollo integral de los grupos de atención prioritaria por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. Se pretende garantizar la debida diligencia en la ejecución de políticas públicas, regulaciones, programas y servicios para la atención al ciclo de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y salida de la pobreza. Los GADs. Provinciales en sujeción a las directrices del MIES deben establecer políticas de atención prioritaria a estos grupos vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y así aportar a su movilidad social Para lograr lo anteriormente descrito, se recopiló información tanto a nivel provincial como cantonal y parroquial, a través de los convenios de los GAD P-B. y el MIES de Bolívar, para lo cual se llevó a cabo encuestas y entrevistas a profesionales del derecho y usuarias del programa de Desarrollo Integral Infantil.
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"La consulta previa en los comunidades campesinas mineras y su incidencia en el ejercicio de los derechos comunitarios constitucionales"
(Quevedo-UTEQ, 2018) Alucho Guzmán, Francisca Ninapacari; Campuzano Palma, Agustín Salvador
El proyecto pretende visibilizar la situación de la Consulta Previa, Libre e Informada en base a su historia, del proceso la Ley y el Reglamento, dentro del marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de manera específica del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho a la Consulta Previa es una oportunidad para escuchar la siempre excluida voz de los pueblos indígenas. A través de ella las normas de derecho internacional como nacional han permitido incluir en la esfera pública la agenda indígena. Pero tener una ley y reglamento, como es el caso ecuatoriano, no es suficiente, pues existe a la vez el deber del Estado de aplicar y explicar de buena fe la consulta previa, respetarla y a la vez sin generar falsas expectativas, determinar la real magnitud de la misma. El debate está entrampado fundamentalmente porque el Poder Ejecutivo considera que no todas las comunidades campesinas tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas, mientras la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las leyes nacionales sí plantean esta equivalencia. En este sentido, la consulta previa en el Ecuador resulta especialmente relevante, un lugar donde existen numerosos proyectos de inversión minera, uno de los motores del desarrollo de la economía nacional ecuatoriana. El objetivo de este proyecto titulado “La consulta previa en las comunidades campesinas mineras y su incidencia en el ejercicio de los derechos comunitarios constitucionales” es determinar la real situación de protección y/o vulneración de los derechos de las comunidades campesinas y nativas en los procesos de consulta previa. En el país no existe una cultura adecuada de protección de los Derechos. La falta de aplicación de la consulta previa dentro de un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente cuando va a adoptar, decidir un proyecto público o privado, afecta directamente en las formas de vida de los pueblos indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico, de salud e integridad étnica. Palabras claves: Consulta Previa, Comunidades, Discriminación, Derecho Constitucional, Normas Legales Internacionales
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Sanciones del coip por tala indiscriminada y la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza
(Quevedo-UTEQ, 2017) Tulpa Ante, Luz Elena; Campuzano Palma, Agustin
La destrucción del Ambiente a causa de la tala indiscriminada y destrucción de la Flora y la Fauna, constituye uno de los problemas más críticos en el mundo, es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia en la búsqueda de alternativas de solución. Sin embargo, con el paso del tiempo se corre el peligro que la tierra padezca afectaciones irreversibles con peligro mortal para la humanidad. La catástrofe del Ambiente, a causa de la tala indiscriminada, crece en forma acelerada y dentro de poco tiempo será muy tarde frenar el desequilibrio ambiental. Los principales responsables somos los seres humanos, al destruir las selvas y bosques tropicales, alterando negativamente la atmósfera y el equilibrio de la tierra. El Estado Ecuatoriano cuenta con La Ley de Gestión Ambiental, misma que no tipifica en forma taxativa delitos ni contravenciones; siendo necesario que la Asamblea Nacional, reforme el Código Orgánico Integral Penal(COIP) en su Art. 246, con una sanción de pena privativa de libertad a fin de que se respete los derechos y principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, donde se establece la responsabilidad en el manejo de la naturaleza por parte del Estado, por lo que la misma prescribe el Derecho de Repetición para que respondan por sus acciones y omisiones por eso la responsabilidad recae en todas las instituciones del sector público y en general en todos los ciudadanos que vivimos en el territorio ecuatoriano. Palabras Claves Derechos Constitucionales, Naturaleza. Tala indiscriminada
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"El juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio viola los derechos del legitimo contradictor"
(Quevedo-UTEQ, 2017) García García, Juan Bosco; Guevara Viteri, Victor
El presente trabajo de investigación, cuyo tema es: “EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO VIOLA LOS DERECHOS DEL LEGÍTIMO CONTRADICTOR”, tuvo como objetivo fundamentar en el marco doctrinal y jurídico la norma contenida en la legislación civil respecto al Derecho Constitucional de la propiedad y los modos de adquirir, entre ellos la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, institución jurídica que según como prescribe la norma legal ampara a favor de quien pretende adquirir una cosa ajena, sin la voluntad del dueño, por haberla poseído durante el tiempo, sin violencia, clandestinidad y más requisitos contenidos en la misma. Es en ese contexto jurídico, donde si bien la ley establece que la propiedad con título inscrito no sufra ninguna acción que contradigan lo prescrito, basado en el argumento de que la propiedad en cualquiera de sus formas, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la economía, además la ley contempla la acción posesoria como una vía para obtener un derecho, como es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Cierto es que las acciones posesorias son medidas indirectas de protección de la propiedad con el fin de prevenir los atentados contra la propiedad o restablecer el derecho a través de la protección de la posesión; pero también contempla acciones personales, como la reivindicación, para restablecer y defender un bien jurídico protegido, por cuanto el propietario tiene derecho de poseer lo que es suyo, y la ley está garantizarle ese disfrute. Palabras Claves: Posesión, Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, Legitimo Contradictor
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"La responsabilidad de los centros de arbitraje y mediación en el ejercicio de sus funciones"
(Quevedo-UTEQ, 2017) Vera Menéndez, Mabel Beatriz; Bayas Vaca, Víctor Hugo
Dentro de la Ley de Arbitraje y Mediación se incluyen todo tipo de obligaciones para los mismos. Entre estas obligaciones, tenemos que una de ellas, es contar con elementos administrativos y técnicos necesarios para la conducción de los arbitrajes, archivar laudos y actas de mediación para la consulta y la expedición de copias certificadas, y también cobrar los honorarios de los árbitros y establecer tarifas o métodos para su cálculo. Estas son las funciones propias de los centros: brindar apoyo para la conducción normal de un arbitraje. La administración de justicia es un servicio público que es prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado es responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este Código. Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley. Los jueces y árbitros son prestadores de un servicio público. Ante un daño se buscará una solución, acudiendo a un centro de mediación y arbitraje, que suele tratarse de instituciones de reconocida experiencia y prestigio, ofreciendo no sólo una nómina o lista de árbitros especializados, sino también las reglas adecuadas al tipo de los negocios involucrados en cualquier litigio, adaptadas – por la experiencia ganada a través del tiempo – a las necesidades que se plantean en materia de solución de controversias entre las partes contractuales. Palabras claves: Partes contractuales, Responsabilidad contractual, Mediación, Arbitraje

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